Por: Carlos Velázquez Martínez

Desde que la jueza titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, dictó sentencia absolutoria y ordenó la inmediata libertad de Israel Vallarta Cisneros, ninguno de los “comentócratas” carroñeros de los medios de comunicación, financiados por los gobiernos de Fox, Calderon y Peña Nieto, han emitido comentario alguno de la resolución, como si exaltaron la aprehensión

Vallarta Cisneros permaneció casi 20 años encarcelado, acusado de los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.

La ministra argumentó que, durante el proceso, la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, no logró acreditar la responsabilidad penal de Vallarta, quien fue detenido el 8 de diciembre de 2005, por la Agencia Federal de Investigación (AFI), comandada por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino junto con la ciudadana francesa Florence Cassez.

La resolución judicial marca uno de los episodios más controvertidos del sistema de justicia en México disimulado por periodistas que se preciaban ser los más prestigiosos e influyentes del país.

El más ruin, sin duda, Carlos Loret de Mola, quien se prestó al montaje televisivo de la detención de Vallarta y Cassez, confeccionado por García Luna y Cárdenas Palomino, ambos ahora en la cárcel.

Pero, a él se suman otros incontables comunicadores como Ciro Gómez Leyva, Raymundo Riva Palacio, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Adela Micha, Denisse Dresser, Salvador García Soto, Jorge Fernández Menéndez, Ricardo Alemán, Carlos Alazraki, Javier Alatorre, Francisco Garfias y hasta la pipiola Azucena Uresti, entre otros.

Aunque, ellos fueron sólo el eslabón de la relación perversa de los empresarios de los medios electrónicos e impresos obsequiosos y omisos para con los gobiernos de Fox, Calderon y Peña Nieto.
El caso de Vallarta y Cassez no es el único que exhibe la vileza y perversidad de los jefes policiacos, fiscales y hasta jueces que se desempeñaron en los sexenios presidenciales desde el 2020. Varios aún siguen activos.

El otro caso significativo de este sistema de justicia corrompido, es el de la señora María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace, quien orquestó la desaparición y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, el 11 de julio de 2005 (casualmente el mismo año en que se fabricó el montaje del caso Vallarta-Cassez).

A raíz de la “desaparición” de Hugo Alberto, la señora fundo la organización Alto al Secuestro A.C. para dar conferencias en temas de seguridad, prevención y participación ciudadana.

Y casualmente, cinco años después, en 2010, el presidente Felipe Calderón Hinojosa le otorgó el Premio Nacional de los Derechos Humanos, a pesar de denuncias formales de detención ilegal, tortura y encarcelamiento injusto de supuestos inculpados, que fueron exhibidos en espectaculares (propiedad de la señora), en avenidas de la Ciudad de México.

Dos años después, en 2012, el Partido Accion Nacional (PAN) la postuló como candidata a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal para el periodo 2012-2018. Obviamente, perdió.

Investigaciones de periodistas afirman que la Miranda ingenió la desaparición y asesinato de su hijo Hugo Alberto y, con apoyo del personal de Garcia Luna fueron encarceladas siete víctimas de tortura y violación de derechos humanos.

Esas indagaciones deducen que se maquinó el secuestro y asesinato de Hugo Alberto, para protegerlo de un narcotraficante.

El 8 de marzo de este 2025, se difundió el fallecimiento de la Miranda a la edad de 73 años. Se dijo que falleció en el hospital ABC de la Ciudad de México, pero, eso no coincide con el acta de defunción, según los periodistas que investigaron el caso.

Los “comentocratas” carroñeros, ya mencionados, también hicieron mutis sobre esta justicia aberrante.

Afortunadamente, ahora hay archivos, documentales, textos irrefutables que se pueden consultar en las redes sociales, para enterarse de la hipocresía de ciertos medios nacionales de comunicación.